María fue reportada como desaparecida, los carteles con su fotografía se colocaron en las principales avenidas de la ciudad, en las redes sociales circulaba diariamente su imagen pidiendo el apoyo de los usuarios para dar con ella. Después de una semana de intensa búsqueda fue localizada muerta: la había asesinado su esposo. El caso de María es uno de los cientos de feminicidos que desde el 2011 a la fecha se han cometido en el estado de Guanajuato, en tanto los gobernadores en turno han sido omisos al ejecutar acciones contundentes para frenarlos, pese a las cifras y las exigencias de grupos de mujeres y sociedad en general, para que se actúe al respecto.
En mayo del 2011 se tipificó el feminicidio como un delito autónomo, incorporándolo en el artículo 153 bis en el Código Penal del Estado de Guanajuato, que estipula que la persona que mutile, torture, denigre o violente sexualmente, antes o después de asesinar a una mujer, cometerá feminicidio y será castigado con una pena corporal de 25 a 35 años de prisión. Pese a la modificación legislativa, este delito va en aumento; en el 2010 se registraron 32 casos, mientras que en el 2011 alcanzó la cifra de 56 y para el 2012 los números no variaron mucho con 54 crímenes. En el 2013, año en el que comencé a escribir este conteo, apenas habíamos rebasado la mitad del año y la cifra rondaba los 55. A partir de ese año, las cifras varían de las oficiales a las que llevan algunas ONG’s, al igual que se tiene que tipificar el feminicidio como tal y no quede solo como homicidio doloso, porque en esa diferencia radican las cifras, si tomamos los homicidios de mujeres en 2016 hubo 124, para 2017 la cifra aumenta dramáticamente a 216 y en 2018 son 288.
Tenemos estadísticas históricas este año y la cifra puede aumentar si el gobierno estatal no implementa un plan efectivo para combatir la violencia hacia las mujeres.
Los espectaculares rosas que estuvieron en el 2013 adornando las carreteras con el acróstico Más Unidad Justicia Equidad Respeto, como parte de la campaña gubernamental contra la violencia de género, no fue suficiente. Aunado a las carentes políticas gubernamentales, se encuentra la indolente e irresponsable postura de la Iglesia, e incluso de la sociedad misma.
Urge emitir la alerta de género, implementar programas efectivos para prevenir y erradicar el feminicidio; la seguridad de las guanajuatenses no se garantizará tan sólo con frases, como ya lo hemos visto en gobiernos pasados, con Miguel Márquez Márquez y ahora con Diego Sinuhé, porque al chile, el panorama para las mujeres en Guanajuato sigue siendo de peligro inminente.