El martes 26 de enero, el primer ministro británico -Boris Johnson- declaró “yo tomó total responsabilidad por las acciones del gobierno” en todo lo relacionado con la pandemia, afirmando que han hecho todo lo que han podido y lamenta cada una de las muertes. Esta declaración la hizo el día que Inglaterra superó (de manera oficial) los 100 mil muertos, el primer país europeo en hacerlo. Permítaseme recalcarlo: asumió su responsabilidad… ¿acaso padecer coronavirus en marzo del año pasado lo sensibilizó al coronavirus?
El mismo martes México superó -según cifras oficiales- los 150 mil muertos, sin embargo, en igual fecha el INEGI -organismo autónomo- reveló el número de fallecimientos por COVID-19, cuyo alucinante margen de diferencia con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud, es de un 44.9%. Resultado de sus labores decenales, el INEGI encontró que hasta agosto 2020 murieron 108 mil 658 mexicanos por coronavirus virus los 75 mil 017 reportados hasta el 30 de agosto por la SS. Es decir, por cada 10 personas reportadas, hay que agregarle 5 más; hasta el miércoles 27 de enero se habían reportado 153 mil 639 muertes…haga usted las cuentas.
López Obrador sigue pujando por la desaparición de los organismos autónomos (a.K.a. el INEGI, el INE, la CNDH, el INAI, etc) que reciben fondos federales, empero, el Estado no puede ejercer -por la vía legal- poder sobre su funcionamiento, pues su razón de existir es ser balanza frente al ejercicio del poder. Es por todos conocida la triste historia del fin de la autonomía de la CNDH, con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como su dirigente, que acarreó el silenciamiento de un organismo que antaño hacia declaraciones señalando los abusos cometidos por el Estado -especialmente por las fuerzas armadas o policíacas- y en cambio ahora, cuando no calla, aplaude las acciones del Ejecutivo.
Bajo varias premisas, muchos Estados, incluido el mexicano, deciden reservar información, argumentado que, de ser revelada en su momento presente, se pondría en riesgo la salvaguarda, la estabilidad nacional, procesos legales o administrativos, etc. En aras de lo anterior, el gobierno de López Obrador ha reservado desde el 2018 hasta la fecha; expedientes estelares de la 4T como el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, el plan de negocios de PEMEX, lo relacionado a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, los contratos para la compra de las vacunas contra el COVID-19, los documentos del Tren Maya, el caso del suministro de heparina sódica en un hospital de PEMEX, el caso Tlahuelipan, la rifa del avión presidencial, el enfrentamiento entre militares y civiles de julio 2020 en Nuevo Laredo Tamaulipas, la negociación del acuerdo con EUA sobre tráfico de armas, los agentes de la DEA operativos en México…
Simpática coincidencia es que ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sea considerado un organismo caro, corrupto e incapaz… Nadie quiere una piedra en su zapato, resultan incómodas y en la política obradorista al poder nada debe incomodarle.
