Estoy en contra de la lógica de buenos y malos que impera en la política mexicana. Es absurdo que los “ciudadanos independientes” descalifiquen a cualquier persona por el simple hecho de militar o simpatizar con un partido político y que asuman superioridad moral, aun cuando la mayoría fueron militantes, e incluso electos por abanderar a un instituto político. Me molesta la desfachatez de El Bronco, me abruma la estupidez de Layín, pero lo que más estupor me produce es la nada responsable actitud de Pedro Kumamoto, el cual logra, a través de propuestas que no encajan con nuestra realidad y que, además, son técnicamente imprecisas, engañar a la legión de idiotas de las redes sociales.
Viene a mi mente una pifia llamada: “Ley 3 de 3”. Los empresarios (quiénes no quisieron hacer sus declaraciones, pese a que ellos también tienen conflictos de interés) y algunos políticos de la oposición, nos decían que, con hacer públicos los bienes de la clase política, los funcionarios ya no iban a robar; se iba a evidenciar el despilfarro, y la corrupción sería desterrada al punto en el que los mexicanos prácticamente no íbamos a notar la diferencia entre vivir en Suiza o en Ecatepec.
En su momento lo escribí: La ley 3 de 3 sólo provoca que las esposas e hijos de los políticos se conviertan en empresarios acaudalados; que los prestanombres se multipliquen, y lo peor, que se enquiste en la sociedad un resentimiento hacía quienes, con base a trabajo y esfuerzo (porque los hay) cuentan con un patrimonio considerable y se dedican a la política.
La corrupción no se termina con decretos ni se combate con hashtags, y con la iniciativa llamada: “sin voto no hay dinero”, se vuelve a generar en la sociedad la sensación de que los partidos políticos son un lastre y que la democracia en nuestro país está peor que la de un régimen militar africano. Esto no quiere decir que me parezca correcta la, en ocasiones aberrante, conducta de las instituciones políticas; sin embargo, en México hay alternancia y es innegable la competencia en la arena electoral. Nos falta muchísimo, de eso no hay duda, pero negar un avance en la cultura democrática, además de falaz, denota ignorancia.
La propuesta, que presume el diputado independiente como panacea, es sencilla: a los partidos políticos se les asignaran recursos multiplicando el número de votos válidos en la anterior elección a diputados, por el 65% de la UMA (Unidad de Medida y Actualización). Hasta aquí todo pareciera lógico: sí no voto por ti, no te darán dinero; sin embargo, esto generará dos graves consecuencias: primero, la gente dejará de acudir a las urnas como un método de “castigo” a los partidos, lo cual agudizará el abstencionismo y detonará la segunda, que es más peligrosa aún: el voto comprado se encarecerá y las relaciones clientelares definirán de forma aún más contundente las elecciones.
Existe evidencia suficiente para afirmar que todos, absolutamente todos los partidos, de una u otra forma compran votos. La negociación no funciona precisamente como un mercado, pero cuando una organización política destina recursos para el pago de su “estructura”, lo que realmente está haciendo es incentivar el sufragio mediante una dadiva. Entendido esto, es necesario recordar que en las elecciones hay millones de pesos que misteriosamente aparecen y se reparten, dinero del que, por cierto, no queda registro.
¿En serio nadie pensó que esta forma irregular de financiamiento va a crecer exponencialmente si se condiciona el presupuesto al número de votos? Por decirlo de manera simplona: están generando una maquinaría perversa para blanquear recursos ilícitos y le asignan un doble valor al voto vendido, pues ahora no sólo servirá para ganar elecciones, sino que funcionará como la llave de acceso al financiamiento público.
Desde mi punto de vista, lo que se debe fortalecer es el castigo a quien compre o venda su voluntad, y si bien es necesario un recorte al monto erogado en la organización de las elecciones y el financiamiento a los partidos, se debe priorizar que ese dinero, el que ya se destina, “contribuya al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada”, tal y como lo detalla el INE al definir la función de Las Agrupaciones Políticas Nacionales, las cuales son asociaciones ciudadanas que, sin ser partidos, también reciben una importante cantidad de recursos públicos. Siguiendo la lógica de “sin voto no hay dinero”, el siguiente paso es que a estas organizaciones también se les retire el presupuesto que se les entrega.
No sé en qué país vivan Kumamoto y todos los Diputados del Congreso de Jalisco a los que les preocupó más la presión en las redes sociales antes que la jerarquía jurídica. Coincido en que se debe optimizar el recurso asignado a los partidos, ese y todo el que se despilfarra en dadivas y burocracia, pero acerca de la iniciativa, lo aprobado difiere de lo establecido en la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos, que es dónde se definen claramente los mecanismos de financiamiento.
La Ley General de Partidos Políticos no es federal, esto quiere decir que establece cuál es el monto o la fórmula de cálculo para determinar el financiamiento a nivel nacional, pero también a nivel local. En su Capítulo III: De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos, en el artículo 23 se establece:
1. Son derechos de los partidos políticos:
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables.
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales;
Al final del día, si la impartición de justicia ignora la opinión de las redes, la Suprema Corte echará abajo la Reforma y el órgano jurisdiccional, pese a actuar apegado a la legalidad, será tachado de compinche, quedando junto con los partidos políticos como los malos del cuento.
Las instituciones no son buenas ni malas, únicamente reflejan la personalidad de quienes las encabezan y ninguna está exenta de ser mal representada, pero al descalificar a todos y por todo, sólo gana la demagogia del arrogante independiente, a quien, por cierto, hace tiempo intenté contactar para plantearle la necesidad de que la Reforma fuera integral y desde la Constitución Federal, incluso le detallé a su equipo de trabajo (él nunca me contestó) que una propuesta similar había sido presentada hace algunos años por el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, y por otros partidos en lo consecuente; a lo anterior me respondieron que no se podía lograr un cambio con los partidos, pues eran el enemigo a vencer… la dulce ironía es que fueron los diputados de todos los partidos políticos de Jalisco, quienes, temerosos de las represalias mediáticas, le dieron los votos necesarios para la aprobación.
