No es ajeno que la unión civil entre personas del mismo sexo, por no decir matrimonio —siendo éste un concepto con muchas implicaciones religiosas, legales e incluso teológicas—, es uno de los temas que provoca calurosas discusiones, en particular entre bandos y uno de ellos es el ala conservador (por supuesto, visto en términos generales). Sin duda, personas con preferencias sexuales distintas a lo heterosexual, en particular homosexuales y lesbianas —siendo éstos la mayoría dentro de la comunidad LGBT+—, han sido discriminadas e incluso asesinadas por ejercer o defender sus derechos, lo cual personalmente me provoca una profunda preocupación y desconcierto: el grado del ejercicio de la violencia y la censura contra una facción social, que solo busca su reconocimiento e inclusión sociales. Por supuesto, ellos poco a poco han ganado terreno, en lo público y lo privado, dentro de la sociedad mexicana; en estos últimos años, una de sus luchas ha sido la unión civil, así como sus derechos y responsabilidades que ésta conlleva.
Para el Derecho Canónico, el matrimonio es definido como un derecho humano que no se prohíbe, pero en ciertos casos tal unión no es posible reconocerla o celebrarla. De tal modo, la Iglesia busca controlar para, al menos, no crear vínculos que pudieran contrariar no solo la fe sino la naturaleza del matrimonio. Estos lineamientos han producido confusiones, verdades, medias verdades y mentiras, pero lo concerniente a la unión entre parejas del mismo sexo no está permitido, pues no hay una procreación natural entre los interesados. En otras palabras, la Iglesia se interesa, al menos en lo general, por la formación de nuevos ciudadanos que no contraríen a los principios católicos; por supuesto, este interés refleja una ideología y un logocentrismo católicos, así como su reacción a todo lo opuesto a su discurso. Por lo tanto, no es extraña la reacción del ala conservador a los intereses de la comunidad LGBT+, que ha originado una discusión significativa y evidenciado la relevancia de proteger el patrimonio construido por parejas del mismo sexo. En la pugna entre ambas alas, se han arrojado distintos argumentos, sustentados o no de manera convincente, pero todos defendiendo y definiendo una postura en particular.
Si bien los párrafos anteriores son meras generalidades al tema, la negativa a la legalización del matrimonio igualitario en Zacatecas, son relevantes para comprender que los intereses de unos, en franca oposición con los de otros, va a provocar una pugna o una reacción. La iniciativa de Ley se discutió hace unos días, que se mantuvo congelada durante años a pesar de las presiones de distintas facciones políticas y sectores sociales, pero el pasado trece de agosto el Congreso finalmente rechazó la reforma al Código Familiar en materia de matrimonio igualitario, aunque es un triunfo a medias para los conservadores del estado, pues en tres municipios se pueden celebrar las uniones civiles entre parejas homosexuales y lésbicas. ¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene esta negativa? Primero, los políticos zacatecanos tuvieron una oportunidad histórica para refrendar y apoyar a una minoría social, así como reconocerles sus derechos humanos, aunque fuesen relacionados con las uniones civiles, pudiendo convertir a la entidad en otra que respalde a la comunidad LGBT+ y garantice los derechos individuales y humanos, lo cual transformaría, aunque sea un poco, la visión externa del estado, la cual de por sí es negativa. Por supuesto, hay un coste político si la reforma hubiera sido avalada, como también la propia negativa: de alguna manera, la decisión influirá en las elecciones del 2021, que renovarán las cámaras legislativas local y federal, algunos ayuntamientos y la gubernatura —aunque es muy pronto decir cómo va a influir. Segundo, hubo movilizaciones ciudadanas, que generaron tensiones dentro y fuera del recinto legislativo, evidenciando ciertas figuras políticas y sociales y una de ellas, quizás la más destacada, es Iris Aguirre Borrego, quien fungiera como diputada y reconocida más por sus polémicas que por su labor legislativa. Estas movilizaciones también se extendieron a las redes sociales, agrupados tanto en uno como en otro bando, lo cual permite hacerse una idea sobre el impacto de esta iniciativa. En realidad, no fue sorpresiva el llamado de las distintas facciones, más bien lo significativo fue el impacto de las redes sociales, empleadas para desprestigiar y apoyar a los bandos, tal es el caso de memes y caricaturas en las cuales se usaba la figura de la mencionada política para recordarle sus polémicas y descuidos, que en cierta forma le congelaron su carrera.
Tercero, la ideología de género se mencionó, rondó como fantasma, pero jamás fue explicado por quienes la utilizaban para exteriorizar o fortalecer sus argumentos. El término surgió a finales de los 90’s para señalar y criticar a las distintas teorías y acciones a favor de la igualdad entre los géneros y el reconocimiento de los derechos humanos de de la comunidad LGBT+, en particular lo concerniente al ejercicio libre de la sexualidad, las uniones civiles igualitarias, las libertades de las mujeres y el aborto. En México, el concepto se popularizó cuando se comenzó a discutir las sociedades de convivencia y el desarrollo de nuevas políticas para proteger y garantizar los derechos de la comunidad. En cierta medida, el concepto no tiene relación con las teorías feministas y queer, a pesar de que los grupos conservadores y religiosos insisten en lo contrario: solo es el nombre para referirse al amplio espectro de teorías, aunque también es cómo ellos perciben tales propuestas teóricas, que si bien se tiene un acercamiento se encuentra que tal perspectiva está sesgada por la ideología religiosa. Para ellos, las feministas y los activistas generaron tal discurso para separar a la sociedad y producir conflictos ideológicos, pero en realidad los primeros, como bien demuestra la historia, debieron deconstruir y buscar las salidas y entradas para su reconocimiento no solo como miembros de la sociedad, sino también de sus garantías individuales. Claro, lo anterior es un tanto sencillo y se parte de la idea de que el concepto de ideología de género es una invención para menospreciar los avances en materia de derechos humanos, sexualidad y género. En este sentido, la presencia fantasmal del concepto vislumbra un hecho: la estigmatización aún presente a las parejas del mismo sexo, así como el no respetar los derechos humanos.
Finalmente, la negativa solo evidencia una cambio social que ya se ha discutido, al menos por otras instancias federales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya discutió el tema y reconoció el matrimonio igualitario y el derecho a adoptar. Entonces, las resoluciones emitidas por la SCJN servirán para tumbar la resolución local, pues hay un asomo de discriminación e irrespeto a las nuevas familias. De tal modo, la negativa es un triunfo irrisorio para el ala conservadora, pues es cuestión de tiempo que se legalice la unión civil entre parejas del mismo sexo, sea cual sea el nombre técnico que se le proporcione.
