El recelo que tienen los ciudadanos hacia sus cuerpos de seguridad está motivado por muchos años de abusos por parte de la autoridad, de forma semejante, el odio que le tienen los manifestantes hacia los oficiales está justificado por los múltiples crímenes de lesa humanidad que diversas autoridades han ejercido en contra de su pueblo. Los agentes uniformados son el rostro de esas injusticias, pero los culpables invariablemente son sus autoridades superiores; si el rostro es el de un policía municipal, el culpable es el alcalde; si es el ejército entonces el culpable será el presidente.
¿Qué significa que un líder nacional en materia de seguridad responda ante un cártel? Significa que los cuerpos que deberían proteger al pueblo son usados en dos formas perjudiciales contra la integridad de los civiles: por un lado, la autoridad no dudará en someter al pueblo mediante el uso violento de los oficiales (como sucedió con las marchas en Irapuato durante los saqueos y la detención de manifestantes el 7 de enero del 2017). La segunda manipulación, lacerante para todo el pueblo pero que los jefes de seguridad ejecutan sobre los agentes, es dejarlos morir (cuando menos) en total abandono.
No deja de ser sospechoso que mientras la edecán de seguridad, Sophia Huett, sale a declarar que las víctimas están siendo investigadas como si fueran criminales, Alma Alcaraz, secretaria general de Morena, declare que Zamarripa será investigado por nexos con el cártel de Santa Rosa de Lima. Mientras todo esto ocurre, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, quiere dejar morir en el olvido a Sonia Arellano, quien era una policía condecorada.
Sin embargo, algo importante a considerar es el abandono de los gendarmes en la calle por parte de las autoridades y la población, y el abandono moral de cada oficial ante el dilema muerte o corrupción; pocas personas, por más honestas o cabales que sean, elegirán ser mártires para una sociedad que los desprecia. Es una vergüenza para una ciudad que una oficial condecorada sea asesinada y nadie exija a las autoridades responsables dar con su homicida, es una vergüenza para la ciudad de Irapuato y para todo el estado de Guanajuato que dejen pasar impune el asesinato de un oficial.
Cuando una autoridad protege delincuentes o es ella misma la cabeza del crimen, no duda en usar a los oficiales para reprimir al pueblo y al mismo tiempo los sacrifica para simular acciones de seguridad; el pueblo debe exigir la investigación y procesos correspondientes. Los oficiales ya conocen el nepotismo del alcalde, que ha llevado a despedir a elementos del cuerpo de bomberos cuando se levantaron en protesta para exigir que les cumplieran las condiciones mínimas de seguridad para trabajar, esto apenas el 11 de febrero de 2019.
Ante semejantes actos de prepotencia, no es difícil concebir que los elementos policiacos no se sientan libres para exigir la investigación de la muerte de sus compañeros; pero las autoridades de los tres niveles deben entender que las cosas han cambiado y que a partir de ahora deberán trabajar y hacerlo para el pueblo (civil o uniformado). Nunca más nuestro silencio.
